Elección Judicial CDMX: Por unos jueces que respeten a las mamás

En la Ciudad de México, madres cuyos hijos han sido víctimas de violencia física o sexual por parte de sus padres piden a los próximos jueces ya no ser ciudadanas de segunda clase cuando llegan a los juzgados.

Señalan que los juzgadores se coluden con los abogados de los agresores para fabricarles delitos y meterlas a la cárcel, que no creen los testimonios de los niños y que los revictimizan, obligándolos a contar en repetidas ocasiones los hechos traumáticos que vivieron.

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Por ello, madres y abogadas expertas en temas de género hacen un llamado a los candidatos a jueces de lo familiar y del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial –contenderán en las elecciones del 1 de junio– a que no repliquen tales vicios y que juzguen tomando en cuenta el interés superior de la infancia, con perspectiva de género.

Es vergonzante porque hay despachos que se han dedicado exclusivamente a eso (meter a la cárcel a madres que denuncian al agresor) y, obviamente, tienen nexos con jueces y tienen nexos con agentes, con fiscales.

Entonces ya se volvió una tragedia (...); yo en los años 90 estuve en lo que era la Procuraduría (local) y jamás vi un tema así de brutal como esto que estamos viendo ahora”, dijo a Excélsior la abogada Patricia Olamendi, experta en temas de género.

Lo que estamos viviendo es un conjunto de violaciones graves a los derechos humanos de las niñas y los niños, y violación de los derechos de las madres”.

EL CASO DE ILIANA GARCÍA RODRÍGUEZ

El 1 de abril este diario publicó el caso de Iliana García Rodríguez, quien afirma que el juez Eduardo Rafael del Moral Rincón, juez 19 de lo familiar y candidato para la elección judicial del 1 de junio, le arrebató la custodia de su hija, coludido con su exesposo, además de que en 2023 le armó una carpeta de investigación y la metió a la cárcel.

Cuando recibe un caso de violencia familiar, el juez está obligado a decretar varias medidas (...), la primera es la salvaguarda de la vida, de la integridad de las mujeres y los hijos, las hijas. Lo segundo son las medidas precautorias cautelares, una de ellas es que tienes que retirar al agresor del domicilio, pero actualmente no aplican nunca la salida del agresor”, destacó Olamendi.

También consideró que se debe dictar la custodia provisional, “que los niños agredidos se quedan bajo el cuidado de la madre” y tengan la pensión alimenticia asegurada.

(Sin embargo), vemos a jueces que le siguen diciendo a una niña de cuatro años (víctima de violencia sexual) que se va a ir (a vivir) con el agresor, porque la niña no dijo claramente modo, tiempo y lugar en los que ocurrieron los hechos o el juez dice ‘no le creo a los niños’. Eso no puede ser, esos jueces están actuando en contra del interés público”.

Eso es lo que ha enfrentado desde 2019 Mariel Albarrán, madre de dos niñas quien denuncia que fueron víctimas de agresiones sexuales por parte de su padre, el exmagistrado Manuel Cavazos López.

A las niñas y a los niños les lleva años verbalizar la violencia sexual que vivieron, yo denuncié en 2019, pero esa denuncia apenas fue la punta del iceberg, porque mis hijas han revelado muchísimas más cosas a lo largo de todos estos años en terapia, pero los jueces esperan que los niños les den toda la información de la agresión que sufrieron en una audiencia de 45 minutos”, lamenta.

NO ESCUCHAN NI A LA FISCALÍA

Cuando por fin los niños logran hablar de la violencia sexual que sufrieron, muchos jueces de lo familiar no les creen, e incluso ponen en duda los peritajes de los psicólogos de la propia Fiscalía y de otras dependencias.

Pareciera que no se creen entre autoridades, de nada nos sirve tener peritajes de las psicólogas (de la Fiscalía), un Ministerio Público; de nada nos sirve tener autoridades del DIF si no lo escuchan los juzgadores”.

Detalló que las valoraciones a sus hijas que han ingresado a la Fiscalía confirman la violencia sexual que sufrieron y en diciembre de 2024 el Hospital Psiquiátrico Infantil expidió copia del expediente psicológico y psiquiátrico de todos los trabajos que realizaron en terapia durante un año, los cuales confirman la violencia sexual.

A pesar de ello, “la carpeta de investigación (contra Cavazos López) está cerrada porque determinaron el no ejercicio de la acción penal (...), pues la autoridad alegó no encontrar elementos”.

Albarrán y sus hijas presentaron una nueva denuncia contra el exjuzgador en mayo del 2023 “por hechos completamente distintos y datos de prueba completamente distintos”, los cuales también tienen que ver con agresiones sexuales. Están en espera de que se judicialice.

REVICTIMIZACIÓN

Un juicio de lo familiar dura años y durante esos años van pidiendo presentar a las criaturas a una prueba pericial, luego a otra, porque ese juez que debió haber resuelto (el caso) pide más periciales psicológicas (...) Exponen a las infancias a una revictimización brutal”, dijo Gabriela Pablos, vocera de la colectiva Madres Libertarias y víctima de violencia vicaria.

Natalia Lococo, del Frente Nacional Mujeres, agregó que es común que en los juzgados no graban los testimonios.

El caso del señor que violó a su hijo de seis años se está cayendo en los juzgados porque no está videograbado el testimonio del niño y ya dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde hace muchos años, que se deben grabar”.

Se refiere al caso de Héctor Tenorio Rodríguez, acusado de haber agredido sexualmente durante años a su hijo de seis años, quien padece una discapacidad en el neurodesarrollo y de motricidad por encefalopatía.

El mes pasado, la jueza Claudia Jiménez Teutli no lo vinculó a proceso porque el MP no grabó el testimonio de la víctima, aunque había pruebas periciales y dictámenes que confirmaban la agresión.

Olga Noriega, abogada y consultora en derechos humanos, considera que aunque hay jueces de lo familiar con sensibilidad y una amplia capacitación, en la mayoría se observan “serias deficiencias en su preparación: no han estudiado documentos fundamentales como el manual para juzgar con perspectiva de género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

La misma abogada consideró grave que los jueces siguen argumentando el síndrome de alienación parental, concepto que establece que en algunos procesos de separación un progenitor manipula a los hijos contra el otro, para que le tengan rencor e incluso lo acusen de hechos que no cometieron.

Sin embargo, recordó que ya no está en la legislación local, fue derogado del Código Civil desde 2017”.

Olamendi abundó al respecto: “Es un concepto creado por un norteamericano que abusó de sus hijos, no es un síndrome y en la Ciudad de México se derogó, pero los jueces siguen pidiendo examen sobre el síndrome de alienación parental (…) Eso es inisible”.

Otra petición de las madres a los candidatos a jueces es que juzguen de manera expedita, pues los juicios por la custodia de los hijos, por pensión alimenticia o contra los padres que cometieron agresiones duran muchos años.

Hay señoras a las que en diez años no les han pagado la pensión, señoras a las que en cinco o siete años no les han regresado a sus hijos. A las mamás se les va la vida en los procesos”, afirmó Lococo, del Frente Nacional Mujeres.

Incluso notificar a un presunto agresor o deudor alimenticio puede ser un proceso tortuoso: “Si no logras notificarlo al inicio del proceso, volver a solicitar la notificación puede ir de uno a dos años; tenemos casos hasta de tres años”.

Con información de H. Castellanos.

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