El búmeran

Debemos agradecer a los gobiernos de Morena haber impulsado que los programas sociales estén en la Constitución. Y celebrar la importante corrección de los senadores del PAN en la LXVI Legislatura al haber aprobado la reforma. No es que los programas sean una maravilla; por el contrario. Los programas, tal y como están implementados, son muy defectuosos: regresivos en cuanto a que dedican porcentualmente menos recursos a los más pobres, proporcionalmente más recursos a los más ricos y a la clase media. También son regresivos en términos demográficos. Las generaciones del futuro reciben menos recursos que quienes ya vamos de salida. Hay que entender la razón de esto último: los niños y niñas no votan.

Pero, defectos aparte, la inclusión de los programas en la Constitución, el reparto puntual desde hace casi siete años y la alta visibilidad que les han dado los gobiernos morenistas han acelerado un pequeño milagro: más y más ciudadanos y ciudadanas los consideran no una dádiva, sino un derecho. Y eso son: expresión del derecho a la vida digna. El milagro no empezó con la llegada de Morena al gobierno. Inició en 2011 con la reforma al artículo 1 constitucional que considera a la persona con derechos intrínsecos, reconocidos y garantizados por la Constitución, pero no otorgados por ésta, como se entendía antes de la reforma. También contribuyeron a este milagro emancipatorio los programas sociales iniciados con Zedillo y prolongados hasta 2018; estos transferían dinero en efectivo condicionado a asistir a la clínica de salud y garantizar la asistencia de los niños a la escuela: me importa que estés sano y que tus hijos e hijas aprendan. Un mensaje poderoso.

Pero si recibir un programa social es un derecho resguardado por la Constitución, entonces el chantaje de “la oposición desaparecerá los programas sociales” también desaparece entre un número creciente de personas. Este cambio en el humor del electorado se manifestó claramente en la pobre asistencia a las elecciones del Poder Judicial. De entre los abstencionistas, según el estudio de GEA publicado el mismo 2 de junio, la mitad recibía algún programa social vía un integrante de su familia y, pese a ello, no asistió a las urnas. Los ingresos que proporcionan los programas sociales ya están incorporados al presupuesto familiar, ya no son sorpresa. La magia de éstos es transferible a cualquiera que gane una elección sin importar la afiliación partidaria.

Una vez asimilado este derecho como irrenunciable e imperdible, empiezan a contar más los resultados de gobierno. Cero crecimiento económico, delincuencia apropiada de un tercio del territorio, precios galopantes en bienes de primera necesidad, corrupción y nepotismo en los círculos más cercanos a López Obrador y a los gobernadores de Morena, en pocas palabras, gobiernos corruptos e ineficientes. Por ello los electores de Veracruz y Durango castigaron a Morena no sólo en las elecciones municipales donde perdieron más de un millón de votos, sino en las elecciones judiciales… a pesar de los programas sociales. Durango y Veracruz estuvieron entre los cinco estados con mayor proporción de votos anulados: 36.1% y 35.7%, respectivamente. Como dice la canción de Lesley Gore: You don’t own me (no eres mi dueño).

De los aproximadamente 12 millones de ciudadanos que fueron a votar, entre 6 y 7 millones lo hicieron por los candidatos del gobierno. Nunca tan pocos electores votaron por un cambio tan trascendente para la vida de millones de mexicanos y mexicanas. La elección es ilegítima no sólo por el raquítico número de votos que concitó: fueron más los ciudadanos que anularon su voto o se negaron a votar por los candidatos preseleccionados por el expresidente y la Presidenta, sino también porque utilizaron recursos que perjudicaron ilegalmente otras candidaturas. La impresión y distribución de millones de acordeones, con el uso de recursos públicos, ya sea para su producción o para hacerlos llegar a los posibles votantes constituye un delito electoral, diga la que diga la presidenta del INE, Guadalupe Taddei. No sólo por el desvío de recursos que esto representa sino porque sitúa en desventaja a las otras candidaturas. Las y los candidatos cuyos nombres ignoró Morena fueron víctimas de la inducción del voto a favor de los candidatos oficialistas. Como víctimas directas tienen interés jurídico en que se investigue este delito y, en su caso, pedir la anulación. El resto de los ciudadanos, como víctimas indirectas, tenemos interés legítimo en que no se nos imponga un Poder Judicial integrado en forma fraudulenta —ganaron todos los nombres en los acordeones gobiernistas— y ridículamente minoritaria. Buscaremos la anulación.

Morena insistió en poner en la Constitución los programas sociales: lanzó el búmeran con gran éxito en las elecciones pasadas. Pero éste viene de regreso acompañado de un gesto emancipatorio inesperado: no voy a tu elección, dijeron 9 de cada 10 posibles electores. A conquistarlos.